LA PERSONA DEL REY ES INVIOLABLE

Nadie discute que la Constitución Española de 1978 fue el resultado del consenso entre los franquistas imperantes y los demócratas surgidos de la diáspora, el exilio y la clandestinidad interior. Pero también es constatable que el pacto constitucional consiguió, aunque no de forma explícita, colocar una mordaza para callar para siempre el genocidio franquista. La indiscutible Santa Transición ha permitido, permite y permitirá que el crimen cometido contra la República, con la aquiescencia de la Corona en la persona de Don Juan de Borbón, sea una vergüenza nacional. La Guerra Civil provocada por el golpe militar, que justificó y sigue justificando la dictadura, y la no condena del franquismo por el Rey de España y el Partido Popular, suponen una postura inmoral ante la Historia. Pero la mordaza alcanza a todas las fuerzas políticas, con excepción de las izquierdas con vocación republicana de forma explícita. Tantos las fuerzas nacionalistas, como las derechas minoritarias se apuntan a la comparsa de la Transición, como punto de partida (Ley de Punto Final tácita). Más hipócrita todavía exportando la experiencia hacia el mundo entero, como fórmula modélica para la reconciliación entre los pueblos. El cinismo lo mantienen detrás de su máscara amordazando toda reivindicación de justicia y dignidad.

Pero el comportamiento del Rey de España, delatado por un accidente sufrido en un safari en África, imposible de ocular, deja una estela mal oliente de escándalo y desprecio al pueblo. La persona del Rey de España es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en artículo 65.2. Consultados estos dos artículos en la Constitución se refieren a los aspectos legales no a su honestidad moral. El apartado dos del artículo 64 da por zanjado el asunto determinando: De los actos del Rey serán responsables las personas que lo refrendan.

Ahora el pueblo nos podemos preguntar: ¿Quién es responsable de que el Rey no tenga recortes en su dotación pecuniaria? ¿Quién es responsable de que el monarca en su asueto real pero privado no dé ejemplo de austeridad? Por la reacción del Gobierno y oficialmente el principal partido de la oposición, están demostrando que están amordazados por los males mayores que la Transición evitó que sucedieron. ¿No se dan cuenta que si no convocan al Congreso de los Diputados para que el Gobierne dé una explicación, están permitiendo conductas de una monarquía absolutista? Y sobre todo están dando argumentos morales, que no políticos, para reclamar el advenimiento de la III República. La conducta del Jefe del Estado tendría otras consecuencias si se tratara de un presidente que rinde cuentas en las urnas o antes de llegar a ellas, como ha sucedido recientemente en Alemania. Hoy por hoy, me siento más libre que nunca expresando mis negativas opiniones del Rey, que lo es de todos los españoles. Si la clase política busca y encuentra argucias y artimañas, para que el Rey salga airoso por la puerta falsa del orden constitucional, habremos dado un paso muy importante para homologar la monarquía constitucional, con las prácticas licenciosas de la clase política.

La conducta, es decir los actos observados últimamente por los miembros de la familia real, están dejando la imagen de la institución bajo mínimos y supone una afrenta al pueblo. Si estos malos ejemplos no se encauzan, cada cual a su medida y ante los organismos adecuados, algo huele a podrido en la monarquía española.