Por Pedro Taracena Gil
FAES es la institución donde se adiestra a los principales asesores
La estructura de la
actividad pública del Estado de las Autonomías está anclada en "la vida de la
mentira". Dicho de otro modo la Administración del Estado es una falacia. Una
hipocresía aceptada por toda la clase política, incapaz de hacer cualquier autocrítica. A todos ellos les ha ido muy bien cuando se han montado en esta burra. En las épocas
de abundancia al rebufo del espejismo producido por la perversa doctrina del
ladrillo, todo era políticamente correcto y salvo los flagrantes casos de
corrupción, la función pública parecía que mantenía el difícil equilibrio entre
lo legal y lo ético. Lo democrático y lo constitucional. Lo público y lo
privado. Pero una vez desenmascarada el enorme embuste, al levantarse el telón
de la gran farsa, no se ha salvado nadie, sorprendidos todos en pelotas o arropados
con vestidos que no eran los suyos.
La Administración Pública
está integrada por los “funcionarios”,
cuya plaza ha sido obtenida después de haber sufrido y aprobado una ardua
oposición: jueces, médicos, abogados, profesores, maestros, policías, economistas
y notarios. Se entiende que son técnicos especialistas en cada una de las
funciones públicas a desempeñar. Los políticos de turno no pueden decidir sobre
el contrato de estos funcionarios.
Otro colectivo lo forman los
llamados “contratados”. Son profesionales, que como su nombre indica, han sido contratados pero que no han obtenido
el estatus de funcionario, es decir, se les renueva el contrato de trabajo pero
no disfrutan del estatuto de la función pública. Se entiende que realizan un
trabajo auxiliar y complementario según las necesidades por periodos limitados,
contratos temporales. En este caso los políticos de turno, sí, pueden decidir
sobre los contratados. En algunos casos provocando el nepotismo encubierto bajo
las decisiones a dedo y el favoritismo manifiesto.
Con estos dos colectivos se topan los “políticos” que han ganado las elecciones cada cuatro años. A veces las
legislaturas se acortan y entonces el sobresalto es mayor e impone mayor
premura, para la realización de los cambios de chaqueta.
Ángel Francisco Carromero Barrios
Asesor en la Junta del Distrito de Moratalaz
Los nuevos gobernantes que
vienen de las urnas, lo primero que hacen es descabezar todos los centros de
decisión y de opinión, cambiando a los que había por las personas de su equipo. Es decir, de su confianza. Dejando a muchos políticos buenos, regulares o malos en la cuneta y quizás en
el paro. Pero esto sucede colocando a muchas personas que no estaban en las
listas, y lo más grave es que aparcan a muchos funcionarios de oposición para
colocar a los miembros de su equipo, por desconfianza del funcionario que lo es
profesionalmente y por oposición. Nadie se plantea si se adopta la solución más
eficaz y más económica. No obstante, la administración funciona y todos
satisfechos. Los salientes heridos pero en silencio y los entrantes desafiantes
y felices. Los unos y los otros tiene motivos para estar callados.
Después de haber considerado
a los funcionarios del Estado, los contratados por la Administración y los
políticos electos, es preciso considerar un cuarto grupo que es el capítulo más
sangrante. Los políticos de las tres administraciones públicas: el Estado, las
comunidades autónomas, los municipios y diputaciones forales y provinciales, han creado y utilizado hasta el
abuso más inmoral la figura de los “asesores técnicos”, cuyo mérito principal
es obtener la confianza de quien les designa a dedo y les contrata. Un
escándalo y al mismo tiempo un desvió de dinero fuera de control. Este desajuste
interesado desplaza a los funcionarios públicos de sus funciones, y los sustituye por los
asesores de la confianza del político del momento. Quien tiene la confianza del
Estado es desplazado por quien sirve la ideología del partido.
Esta situación supone un
sistema de corrupción tolerado de manera continua y solo la sociedad que está
fuera de la política se escandaliza ante tanta inmoralidad. Es una sacralización
del caciquismo más hispano. Hasta la izquierda más crítica y radical y los
sindicatos de la clase obrera ha aceptado ser consejeros de las cajas de
ahorro, que como todo el mundo sabe han resultado estar en la cueva de Alí Babá, aunque según ellos, pero no en calidad de ladrones…
España está hundida en la mísera,
el paro, el hambre, la exclusión social, el latrocinio, la corrupción, el
caciquismo, los usureros y especuladores, y debemos reconocer y lamentar que
nuestra clase política toma parte del problema y jamás vendrá a través de ella
la solución. Empezando por el Rey de España y llegando hasta el último policía,
que por obediencia debida echa a palos a una familia desahuciada de su propia
casa; pasando por el Gobierno que hace lo que no desea hacer pero lo hace porque
es bueno para su pueblo, y terminando por la clase política que ha vendido por activa
o por pasiva la primogenitura de los españoles por el plato de lentejas de los
malditos mercado, es imperativo crean un gobierno provisional de salvación
nacional y convocar una elecciones generales con una sola condición, que no se presente
ningún político que hasta hora haya ejercido como tal… Ni uno solo.
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