LA SALVACIÓN DE ESPAÑA EN MANOS DE LOS JUECES

Por Pedro Taracena

EL ÁNGEL CAÍDO

Ricardo Bellver

La sociedad española soporta una tiranía política y capitalista que la ha despojado del Estado de Bienestar. España está pasando por los momentos más dramáticos de los últimos 30 años. Salvo el Gobierno y los secuaces cómplices de sus políticas criminales: patronal, banqueros, caciques y obispos, ya nadie se escapa de la evidente exterminación de la clase trabajadora. La clase media, sobre la cual se edificó hasta el mismo franquismo, está llamada a la pobreza, el hambre y el infortunio. Rajoy al dictado de la Patronal ha puesto en manos de los empresarios depredadores de puestos de trabajo, un arma para recuperar sin pudor y cinismo, la esclavitud.

Este estado de cosas ha sido posible, no por la democrática mayoría absoluta de un gobierno democrático, sino confundiendo de forma perversa, esta mayoría con el absolutismo, que también conoce la monarquía y la derecha españolas. Esta legalidad aparente y ficticia contiene una injusticia manifiesta. Toda la legislatura del presidente más torpe, terco y parco, que jamás haya conocido España, ha sido escrita siguiendo los dictados de la Patronal, donde incluyo a caiques, ladrones y usureros, sin olvidar la nefasta, podrida y perversa Troika europea. Por si la España del siglo XXI no tuviera bastante con esta situación, provocada por la ley del más fuerte y la explotación del hombre por el hombre, la corrupción ha penetrado hasta las entrañas de las instituciones del estado y las organizaciones políticas. A tales niveles de abuso y latrocinio, nunca imaginables.

Apenas nos damos cuenta de que la ingeniería legal a modo de autoprotección, consigue su cuartada para que los servidores públicos salgan ilesos e indemnes de sus crímenes.  Utilizar otro lenguaje para adormecer o encubrir esta realidad criminal, solo lo pueden hacer los secuaces y lacayos bien pagados. Los indultos del Gobierno demuestran cómo todo vale para indultar a ladrones, torturadores y gente de mal vivir condenados en firme por la justicia.

¿Quién puede asomarse a la Constitución y ver los crímenes cometidos en su nombre? Los políticos que soportan de una forma u otra el nacionalcatolicismo, bien les cuadra esta lapidaria frase bíblica. “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis”. A los políticos españoles se les conoce por su manipulación del espíritu constitucional. Después de 36 años de vida democrática, ha fosilizado la Constitución Española.

El único Poder del Estado que puede librarnos de la tiranía haciendo justicia  con valentía son los jueces. El Poder Judicial como tal Poder del Estado no se puede decir que esté corrompido, al menos en general, porque siempre queda una instancia superior. Aunque muchos jueces de todos los tribunales incluyendo el Tribunal Constitucional, obedecen “La vos de su amo”. Porque son herederos de la doctrina del Caudillo que lo fue por la Gracia de Dios y tampoco les interesa asomarse a la Constitución e interpretarla a la luz del siglo XXI.

¿Cuál es el error de muchos de ellos? La cobardía, o dicho de otro modo, la ausencia del valor o el temor a su defenestración como jueces o magistrados. Ya hay jueces separados de la judicatura por otros jueces, por perseguir a ladrones, criminales y genocidas, quedando éstos indemnes. No obstante, los escándalos de personajes perversos que durante muchos años habían burlado o comprado a los jueces,  o bien indultados por el Gobierno de turno, han hecho reaccionar a ciertos jueces que no hay duda que están obrando en consecuencia, jugándose el puesto y su carrera. Hoy por hoy la esperanza de luchar contra la tiranía de las leyes del Gobierno, está puesta en los jueces. Y los ciudadanos debemos de denunciar más, denunciar todo atisbo de injusticia. El Fiscal General del Estado obedece órdenes del Gobierno. Es legal pero injusto. La sociedad sí entiende de lo que es justo o no, lo declara la propia Constitución: “La justicia emana del pueblo y se imparte por los jueces en nombre del Rey”.